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Formación verdiblanca
03-10-2010
Desgraciadamente, amigo lector, no estamos hablando de la alineación del Real Betis Balompié –equipo hispalense que se escaparía, por otra parte, a nuestro ámbito informativo–, o a cualquier otro equipo deportivo que vista estos colores. Nos estamos refiriendo con este titular a la asombrosa fórmula que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, recomendó el pasado miércoles, 1 de septiembre, en el transcurso del debate sobre el estado de la región a los jóvenes desempleados de Castilla-La Mancha y, por tanto, también a los de Guadalajara.
Tan negro negrísimo o lejos lejísimos debe ver el máximo mandatario regional el horizonte de la creación de empleo en nuestra región que, directamente les recomendó «que dejen de buscar empleo y empiecen a buscar educación o formación», puesto que dentro de unos años –siempre a juicio del dirigente socialista– el 85% de los trabajos exigirán una cualificación media o superior. Y en este sentido, el presidente regional dio un rosario de datos sobre el Plan contra el abandono escolar, puesto ya en marcha por el Ejecutivo, y adelantó la elaboración junto a sindicatos y empresarios de un Plan de Formación y Empleo.
En cuanto a los colores verde y blanco son aquellos en los que José María Barreda dice ver yacimientos o sectores de empleo a los que la crisis afecta menos que a los demás y, por tanto, donde los parados en general y los jóvenes desempleados en particular, deberían dirigir sus objetivos, los segundos a través de la formación y los primeros del reciclaje. Los llamados “empleos verdes” serían aquellos que tienen que ver con el medio ambiente, la energía y el agua, como puede ser el turismo rural, los agentes forestales, veterinarios o jardineros, profesiones que, en algunos casos han crecido por encima del 50%. «El verde es el color de la esperanza» entonó un bucólico Barreda sin sonrojarse. En cuanto a la “economía blanca” es la derivada del funcionamiento de los servicios sanitarios, sociales, educativos y asistenciales. Vamos, todos aquellos que se ponen la bata de este color para trabajar. Así, el presidente regional dijo conocer a albañiles en paro que habían encontrado trabajo como guardias forestales o a trabajadores textiles que ahora se ganaban la vida como auxiliares de geriatría. Para finalizar –y aunque Barreda no pudo encontrarle color– finalizó apuntado a las nuevas tecnologías de la comunicación como el sector llamado a tomar el relevo en el crecimiento económico y del empleo, basándose en que las telecomunicaciones han aumentado este último año un 100%.
Todo este futuro más de color de rosa que verdiblanco fue contestado en la tarde de la misma jornada por la presidenta regional del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, quien con su jefe de filas, Mariano Rajoy, como testigo de excepción dijo que «Barreda se ha convertido en el presidente del paro y de la desaparición de empresas», recordando que Castilla-La Mancha está inmersa en «la peor crisis económica y social» de su treintañera historia, y que la misma persona que por la mañana daba consejos a los jóvenes y recomendaba a los parados sobre dónde será más fácil encontrar el tan ansiado trabajo, también prometía hace tres años el pleno empleo y hace apenas uno, en febrero de 2009, la creación de 90.000 puestos de trabajo.
Los hechos y las frías cifras sustituyeron un día después a las apasionadas y acaloradas opiniones de unos y otros. Según los datos del Instituto Nacional de Empleo, casi 600 alcarreños perdieron su trabajo el pasado mes de agosto, lo que hizo subir el desempleo en nuestra provincia más que las medias regional y nacional, y rozando de nuevo los 20.000 parados.
Pero todos tranquilos, que el blanco y el verde acabarán imponiéndose al negro.
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Agosto rural
30-07-10
Si siempre son muchos los motivos para disfrutar de una provincia como Guadalajara, este mes de agosto no hay excusa que podamos ponernos para dejar pasar la oportunidad de disfrutar de ese rincón que nos faltaba por conocer, de admirar ese paisaje quizás irrepetible, de “estrenar” ese alojamiento abierto recientemente y del que nos han hablado tan bien, o de volver a ese pueblo que nos vio nacer o en el que se hunden las raíces de nuestros apellidos y cuyas calles recobran la vida con la llegada de esos hijos que emigraron a la ciudad, pero que periódica e irremediablemente son atraídos por esa fuerza indómita que nos hace reencontrarnos con nosotros mismos y con nuestras ancestros.
Las cifras de turismo rural en nuestra provincia demuestran que la crisis no le está sentando del todo mal a una provincia cercana, bonita y accesible –al menos más barata que el siempre utópico destino de costa o el viaje al extranjero que, por evidentes motivos económicos, muchos dejarán este verano en el zurrón a expensas de que las cosas vayan a mejor de cara al año que viene–. Según las cifras facilitadas por la presidenta de la Diputación Provincial, María Antonia Pérez León, el primer semestre de 2010 ha aumentado el número de viajeros con destino en Guadalajara en un 22% con respecto al mismo periodo de 2009, así como también se han incrementado las pernoctaciones en un 18% en uno de los casi medio millar de alojamientos turísticos que se mantienen abiertos en nuestra provincia. De ellos, casi la mitad son casas rurales, un fenómeno en expansión, según la nueva responsable del área de Turismo en Castilla-la Mancha, María Luisa Araújo, que esta misma semana, mientras inauguraba uno de estos nuevos establecimientos, destacaba que ya en 2009, el número de casas rurales en Guadalajara aumentó un nueve por ciento hasta alcanzar las 1.621 plazas.
Para la consejera, estas cifras son una muy buena noticia, no sólo en su vertiente turística, sino también en la económica, puesto que estos alojamientos no dejan de ser iniciativas empresariales, que crean puestos de trabajo en el difícil ámbito rural y en la todavía más complicada coyuntura actual. Y la tendencia durante lo que llevamos de 2010 prosigue, puesto que la Diputación ha registrado 53 nuevos establecimientos rurales, que han pasado a engrosar una amplia oferta que el viajero puede encontrar en la estupenda página web www.turismoenguadalajara.org. Existe un valor añadido que siempre destaca el presidente de la Asociación regional de Hosteleros, el alcarreño Manuel Jiménez, y es el carácter de “indeslocalizable” de estos negocios, intrínseca e indisolublemente ligados a la tierra, a la tranquilidad, al disfrute o al paisaje del que gozan sus privilegiados turistas y que lo hacen único, aunque afortunadamente repetible.
Sería injusto describir este halagüeño panorama sin valorar la apuesta decidida que ha realizado la Diputación Provincial de Guadalajara por este sector estratégico para nuestros pueblos, apuesta que se materializa en el maravilloso Centro de Interpretación Turística que acoge el castillo de Torija y que, tras su primer año de funcionamiento, se ha convertido en la monumental tarjeta de invitación y puerta de entrada al resto de la provincia. ¿Necesitamos más excusas para disfrutar de la naturaleza, el ocio, la cultura, el deporte, la aventura o las tradiciones que nos brinda Guadalajara? El décimo cumpleaños del Alto Tajo como parque natural, la nueva ruta de la Arquitectura Negra, las múltiples fiestas y tradiciones veraniegas, o un pantano de Entrepeñas que lleno a un 66%, vuelve a parecerse al añorado “Mar de Castilla” y que no veíamos ni disfrutábamos desde hace demasiado tiempo.
Lo dicho, no hay excusa. ¡Feliz agosto!
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Morosidad y confianza
23-07-10
El Boletín Oficial del Estado publicaba en su edición del pasado martes, 6 de julio de 2010, una de las leyes más esperadas por el maltrecho sector empresarial y que trata de atajar directamente uno de los problemas que más están agudizando la actual crisis económica, cuyos efectos “se han traducido en un aumento de los impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que está afectando a todos los sectores. En especial, está afectando a las pequeñas y medianas empresas, que funcionan con gran dependencia al crédito a corto plazo y con unas limitaciones de tesorería que hacen especialmente complicada su actividad en el contexto económico actual”. No lo decimos nosotros –aunque la suscribimos y nos lo aplicamos completamente–; lo afirma el BOE en el preámbulo de la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen “medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales”.
Esta nueva norma establece que los plazos de pago entre empresas será de sesenta días como máximo y los del sector público se reducen a un máximo de cincuenta días en 2011, cuarenta en 2010 y treinta a partir del 1 de enero de 2013. Además, la misma norma propone “un procedimiento efectivo y ágil para hacer efectivas las deudas de los poderes públicos”, y el propio Gobierno, con el fin de facilitar a comunidades autónomas y entidades locales el cumplimiento de la ley, les ofrece una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial en el plazo de 30 días, directa y en condiciones preferentes, para agilizar “el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010”.
Por suerte y de manera previa a la publicación de esta ley, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya había anunciado, por boca de su presidente, José María Barreda, la ejecución inminente de «un Plan para pagar hasta 500 millones de euros de deudas pendientes por parte de la Administración autonómica, lo que supone una inyección de recursos muy importante», afirmaba el pasado 20 de mayo el presidente regional ante los miembros de la Mesa de Seguimiento del Pacto por Castilla-La Mancha, un esfuerzo compartido con empresarios, sindicatos y organizaciones sociales, y que a lo largo de los diez meses que lleva ya en marcha es un éxito, según el propio Barreda, quien afirmó que «la confianza es un intangible clave en la evolución de los acontecimientos económicos y sociales».
Muchos sectores de la economía –entre los que nos encontramos los medios de comunicación– aplaudimos ambas medidas por acertadas y esperamos como agua de mayo su traducción inmediata en una recuperación y normalización de la liquidez necesaria para mantener abiertos negocios, garantizando la actividad y asegurando el mantenimiento de los puestos de trabajo de los profesionales que, en cierto grado, dependen del cumplimiento por parte de la propia Administración de sus obligaciones como pagadora para, a su vez, que la empresa pueda corresponder abonando todos sus gastos.
A nadie se le puede ocultar que la grave crisis que todos estamos padeciendo afecta a los servicios que se demandan y que se prestan. En el caso de los medios de comunicación, esta circunstancia también es bien conocida por la propia Junta de Comunidades, cuya portavoz, Isabel Rodríguez, nos animaba en la última celebración de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, a todos a «afrontar de manera positiva este momento de dificultad económica, que ha afectado también mucho a los periodistas», y a «ponerle una sonrisa a esta crisis y encontrar en ella una oportunidad, cuando todos estamos haciendo un gran esfuerzo para salir de ella». Pues nada, lo dicho, todos juntos.
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Deportividad
16-07-10
Sin lugar a dudas –y las masivas manifestaciones espontáneas de júbilo generalizado así lo demuestran–, la selección española de fútbol ha dado a todo el país un ejemplo de deportividad; de cómo con constancia, con lucha, con tesón, con lealtad, con paciencia y con compañerismo, aderezado todo ello con el virtuosismo en el arte de darle a la pelota con el pie para que vaya donde más o menos se quiere, que no es otro lugar que la portería del contraria, los objetivos que nos planteamos se pueden cumplir, por muy altos que sean. El deporte nos ha dado a toda la sociedad un verdadero ejemplo de “deportividad”, valga la redundancia, y España entera lo ha celebrado en uno de esos momentos en que el país más lo necesitaba. Porque pocos durante la semana pasada se acordaron de la crisis, del paro o del enfrentamiento político mientras veían los partidos de fútbol de esos once chicos vestidos de rojo (o de azul), portándose en el césped como unos auténticos caballeros y dando ejemplo al mundo de lo que España es capaz de hacer.
Y lo bueno de todo ello es que parece ser que cundió el ejemplo. De las 10.000 personas que se concentraron en las calles y plazas de Guadalajara capital para ver el encuentro o para celebrar la posterior victoria en la noche del ya histórico domingo, tan sólo hubo que lamentar apenas una decena de inevitables accidentes y un único detenido por actos vandálicos. Las mismas actitudes –tan ruidosas como pacíficas– demostraron en el resto de las localidades de Guadalajara, del país y del mundo que lo celebraron también al unísono.
Pero esa deportividad parece también haberse contagiado a nuestra clase política. Dos días antes de la celebración del encuentro, y sin salir del escenario deportivo, pudimos ver al alcalde de la ciudad, Antonio Román, y al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, juntos, unidos y sonrientes inaugurando una instalación que bien podría ejemplificar el modelo de relaciones que deben tener las administraciones local y regional, que ellos encabezan, junto a la nacional. Y es que el polideportivo de Aguas Vivas –oficialmente, Palacio Multiusos– es un edificio financiado a rigurosas partes iguales entre el Consejo Superior de Deportes (administración central), la Junta de Comunidades (administración regional) y el Ayuntamiento de Guadalajara (administración local), hecho poco habitual y que ambos mandatarios pusieron de relieve en sus discursos, conscientes de que a sus usuarios poco les importa quién paga la instalación con tal de poder utilizarla.
Incluso en la fecha y en la forma elegida para tal acontecimiento, Junta y Ayuntamiento decidieron “arbitrar” una solución a una engorrosa sucesión de casualidades que el destino había preparado. Y es que, en un principio, el pabellón debería haber sido inaugurado coincidiendo con la celebración de la Final a 4 de la Liga Europea de Voleibol, un acontecimiento deportivo internacional y acorde con la categoría de la suntuosa instalación -la más grande de la región-, que acoge Guadalajara hoy y mañana. Esas mismas fechas coinciden con el quinto aniversario del incendio de los pinares del Ducado y con la muerte de los once miembros del retén de Cogolludo, cuya rotonda –dedicada por el Ayuntamiento– se abre a escasos metros del nuevo polideportivo y que es el lugar al que acudirán las familias de los fallecidos para recordar y homenajear a estos héroes que dieron su vida por salvar nuestros montes.
Junta y Ayuntamiento decidieron –con muy buen criterio– no mezclar churras con merinas, en otro ejemplo de deportividad que esperamos continúe y se convierta en norma.
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Vender humo
09-07-2010
Una de las principales causas por las que la ciudadanía incluimos a los políticos en el tercer lugar de nuestra particular lista de preocupaciones –tras el paro y la situación económica–, es por la afición de estos a vender humo. Y de esta mala costumbre, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es una verdadera experta. La última ocurrencia de nuestro Gobierno regional es el proyecto –todo parece que son proyectos– y la promesa de asegurar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada a los ciudadanos en nuestra región antes de un año.
Con la fanfarria característica de estos acontecimientos, así lo anunciaba el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ante el etéreo Consejo Económico y Social, al que presentó un supuesto anteproyecto de ley que facilitará a las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública la posibilidad de acceder a un inmueble en un plazo no superior a un año. Dicho así, parece que la Junta ha decidido coger el toro directamente por las cuernos y terminar de una vez con los problemas de acceso a una vivienda que mantienen algunos sectores de la población con escasos ingresos económicos, uncolectivo de personas acrecentado hoy en día de una manera muy importante por la actual crisis económica y, sobre todo, por las altas cifras de parados.
Y aquí llega el primer “pero”. De esa futura ley, que se espera que no sea efectiva antes del final de 2010, sólo se podrán beneficiar las personas de más de 22 años, empadronados en Castilla-La Mancha durante los últimos tres, y que dispongan de una fuente regular de ingresos no superior a 2,5 veces el IPREM (el antiguo salario mínimo interprofesional), lo que supone ganar aproximadamente hasta unos 1.330 euros al mes. Una vez comprobado que se cumplen esas condiciones –cosa que no hacen los más de 5.000 demandantes de vivienda apuntados en Guadalajara, según reconoce el propio delegado provincial–, los demandantes de vivienda deberán enfrentarse a la crudeza de los números. Así, una vivienda de protección oficial de régimen especial –las destinadas por ley a las personas con este nivel de ingresos–, de noventa metros cuadrados, vendría a costar más de 100.000 euros (teniendo en cuenta que el módulo de VPO se sitúa en 1.137 euros/m2). De esta cantidad, la administración exige pagar un veinte por ciento en efectivo a la hora de escriturar, lo que supone un desembolso de más de 20.400 euros, a los que hay que añadir otros aproximadamente 8.100 euros del nuevo IVA (elevado por el Gobierno desde julio del 7 al 8%). En definitiva, que antes de entrar a vivir, el beneficiario de esa vivienda de protección deberá pagar la nada desdeñable cantidad de 28.500 euros. Si el beneficiario de este tipo de viviendas sólo puede tener unos ingresos máximos de 1.330 euros al mes, puede resultar que en el año en el que la nueva ley le “garantiza” el acceso a una vivienda no sea tiempo suficiente como para conseguir tal cantidad de dinero.
Por contra, la Asociación Provincial de Constructores propone como alternativa a esta ley que la Administración facilite la construcción y promoción de viviendas en suelos que ahora mismo permanecen baldíos, como las parcelas de Aguas Vivas Ampliación de nuestra capital; además de que se incluya en dicha ley la posibilidad de que el ciudadano interesado en adquirir un a vivienda pueda hacerlo en el mercado libre –cuyas condiciones de compra y financiación son hoy mucho más flexibles– y que la Junta subvencione la diferencia en caso de que el precio supere al de una vivienda de protección.
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